Desde finales de los 1970’s dentro de la oficialidad militar venezolana comienza subterráneamente el desarrollo de dos tendencias conspirativas. Una parece inspirarse en las ideas de “Seguridad-Defensa-Desarrollo”. La otra busca una síntesis doctrinal entre un nacionalismo extremo e ideas marxistas y populistas. Reaparecen en Venezuela, las logias militares clandestinas con nombres como los de M-83, ARMA y MBR-200. Los contactos entre los militares conspiradores y los civiles de igual tenor, presentan esta vez una segunda edición mejorada, corregida y aumentada. (Irwin G. Domingo, 2001.)
La situación se hace visible en 1992 cuando se producen dos fracasados golpes de estado, uno de febrero y el otro en noviembre. El primero, corresponde a la segunda de las posiciones conspiradoras militares mencionadas en el párrafo anterior. El segundo, contó con un apoyo importante en la Fuerza Aérea y en menor medida la Armada y parece corresponder a las ideas de “Seguridad-Defensa-Desarrollo”. Ambas actitudes fracasaron en sus intentos de violencia desestabilizadora y la institucionalidad evidenció su fortaleza. El sistema político bipartidista de AD-COPEI si bien sobrevive a los golpes de estado de 1992, entra en una crisis que se evidenciará como irreversible en lo que quedaba de siglo XX venezolano. La deslegitimación entre el 4 de febrero y el 27 de noviembre, hablaría de la incapacidad de la clase dirigente del Gobierno de Pérez y del sistema en sí mismo, para resolver una compleja crisis de gobernabilidad. Mostraba a la clase política como incompetente y lo cercano del Componente Militar al interés político.
El 20 de mayo de 1993 la Corte Suprema de Justicia declaro que había mérito para enjuiciar al Presidente, y de acuerdo con la Constitución Nacional, Carlos Andrés fue suspendido de sus funciones públicas. Le sustituye en principio el presidente del Congreso, el doctor Octavio Lepage. Luego es elegido por el Congreso el 15 de julio de 1993, para lo que falta del periodo el Dr. Ramón J. Velázquez, senador independiente por acción democrática, quien preside los últimos meses. El bipartidismo AD-COPEI tocó su fin en 1993, (tras el fracaso rotundo del Pacto de Punto Fijo), cuando se alza con el triunfo el Dr. Rafael Caldera. Este gobierno fue asumido por la mayoría de los venezolanos, como un gobierno de transición que se caracterizaría por lograr el equilibrio entre los actores e instituciones del sistema.
Tal transición no fue posible afirma Machillanda (1999), ya que se establece como un período peligroso, inestable y sin direccionalidad previa, lleno de incertidumbres con un conjunto de actores en una frontal lucha política, creando así un período de Tránsito que despierta dudas sobre la Democracia Venezolana. El Tránsito del sistema se evidencia cuando en las elecciones de 1998 es elegido presidente uno de los golpistas de 1992, el Teniente Coronel dado de baja Hugo Chávez Frías, caracterizando a este período: el desarrollo de un nuevo cuerpo de leyes, los cambios institucionales, los nuevos actores políticos, pero sobre todo la nueva constitución, (Machillanda, 1999). Además se demuestra que dentro de esa porción de las Fuerzas Armadas conspirativas, el sentimiento anti-civil, que invadía a sus similares para el siglo XVIII y XIX, tenía un resurgimiento. Toda la campaña presidencial fue marcada por un resentimiento hacia los dirigentes políticos civiles, pues eran acusados de todos los males de la Nación (pobreza, corrupción, ineficiencia administrativa, baja producción económica…), y además se quería demostrar que lo necesario era un poder fuerte proveniente del sector militar para solucionar el desastre de los cuarenta años anteriores.
El modelo político que se instaura es llamado Revolución Pacifica Bolivariana, dirigido por conspiradores militares ignorantes de las ciencias del gobierno, sin capacidad de interpretar amenazas y con intención de convertir, a mediano plazo, en institución administrativa a la Fuerza Armada para luego transformarla fácilmente en milicia nacional. Llega con un debilitamiento del componente militar, esta nueva oferta de gobierno, utiliza la cooptación solidaria que convierte al sector militar en orientador político dentro del proceso social venezolano. Programas como el Plan Bolívar 2000, donde se utilizaban a los efectivos militares, sus recursos y capacidades para solventar problemas sociales convierte al militar venezolano en instrumento para planes de gobierno. En la constitución de 1999 (y será mayor con la reforma), la cooptación solidaria pervierte la subordinación y la disciplina, desvía recursos humanos, corrompe con dolo y cohecho la estructura interna militar. Así el debilitamiento y la desprofesionalización del componente armado están dando paso a la precariedad del Estado, además de conducirse a la categoría de milicia armada, produciendo un desequilibrio estratégico militar con respecto a la comunidad internacional. Estamos Retornando al Pretorianismo reinante del siglo XIX.
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